La Fiscalía General de la República (FGR) no ve motivos que fundamenten la urgencia de detener ya, de forma provisional, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y a otros nueve funcionarios mexicanos acusados de vínculos con el narcotráfico.
La extraordinaria solicitud de Estados Unidos, que ha pedido su extradición inmediata, se hizo pública este miércoles y ha levantado una enorme polvareda en el partido oficialista, que ha cerrado filas con su dirigente estatal.
“No existen pruebas anexas al pedimento que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar”, ha declarado Raúl Jiménez, el fiscal especializado en control competencial de la FGR, en una breve conferencia de prensa este viernes por la tarde.
En esa línea se ha expresado la presidenta, Claudia Sheinbaum, en los últimos tres días. “Ya se juzgó a todos, y ni siquiera han sido investigados”, lamentó esta misma mañana.
El responsable público ha anunciado que pedirán más pruebas que justifiquen la detención de Rocha y del resto de los acusados, entre los que están el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el Senador Enrique Inzunza, ambos delfines del actual gobernador.
Además ha criticado que el documento con los cargos se hiciera público, pues “pone en riesgo el debido proceso”, ha argumentado, y ha pedido que de aquí en adelante la documentación sea remitida por canales “que garanticen la confidencialidad de la información”. Entonces volverán a estudiar el caso y decidirán si proceden o no con la detención.
La petición del Departamento de Justicia ha llegado en un momento delicado en las relaciones bilaterales, tras el escándalo en Chihuahua por una colaboración con la CIA de la que las autoridades federales no tenían conocimiento ni mucho menos habían dado autorización.
El asunto solo trascendió por el terrible accidente de tráfico que acabó con la vida de dos funcionarios mexicanos y otros dos extranjeros, a los que más tarde se identificó como elementos de la agencia de inteligencia, y desde entonces el asunto ha copado el debate político mexicano.
La presidenta, Claudia Sheinbaum, pidió explicaciones a la gobernadora chihuahuense, Maru Campos, y a las autoridades del país vecino, pero ninguna declaración ha explicado todavía por qué los agentes estadounidenses colaboraron en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el Estado, ni quién supo o autorizó tal operación.
El episodio le costó el cargo al fiscal de Chihuahua, que durante días había dado información contradictoria sobre las razones y los lugares en los que se encontraban los extranjeros, y sin embargo no había indagado en las causas de su participación. Por el lado estadounidense, las explicaciones no han llegado.
