Por una fatal coincidencia se destapó todo, pero la actitud del Embajador estadounidense fue atacar al gobierno para crear una ‘caja china’
No es nada nuevo, pero sí es importante tenerlo muy claro: En abril se exhiben operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en México, acto seguido, Estados Unidos arroja una acusación contra un gobernador morenista y funcionarios de Sinaloa.
¿Y por qué Estados Unidos no había solicitado antes la detención de estos funcionarios, si su Embajador Ronald Johnson había estado apenas unos días antes en esa entidad?
En los últimos días los mexicanos fueron testigos de cómo la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, acudió ante distintos medios nacionales para defenderse de la dura crisis por la que atraviesa su gobierno, debido a la evidente violación de la soberanía nacional al permitir operar e incluso uniformar como agentes estatales a agentes de la CIA en el estado de Chihuahua.
La gobernadora mostró su verdadero rostro, con un cinismo brutal y además fue tan torpe en su participación que confesó ante medios nacionales su violación a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución Política de México.
No debería sorprender esa actitud burlona, luego de que ordenó bloquear todas las carreteras del estado de Chihuahua para evitar una marcha en su contra el sábado 16 de mayo pasado, afectando considerablemente a viajeros, productores, comerciantes.
Pero lo pero de todo, es que la gobernadora confesó la participación del gobierno estatal de Chihuahua, entregando a “generadores de violencia”, así los llamó, al gobierno vecino, violando el debido proceso de extradición, el cual sólo puede realizarlo el gobierno federal.
Grave que en su intento por mostrarse como alguien que combate el crimen, en cadena nacional confiese otra violación a la ley.
Mientras la presidenta de la República ha desmantelado más de 2 mil 500 narcolaboratorios, la gobernadora de Chihuahua quiere hacerse ver como una gobernante que persigue a los delincuentes, cuando en su haber sólo puede presumir el desmantelamiento de un narcolaboratorio.
Y en ese único operativo demostró un terrible desaseo, al ocultar información al gobierno federal sobre de la presencia de agentes norteamericanos, uniformándolos como agentes estatales.
No se puede defender lo indefendible y estar evadiendo la justicia. La gobernadora de Chihuahua debe dejar el cargo para que se realicen las investigaciones pertinentes.
