Quienes se oponen a la enmienda sostienen que la elección de jueces por voto directo en las urnas “politizará” la justicia. Pero de facto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya está politizada, porque todos sus integrantes, excepto tres, fueron nombrados bajo el régimen del PRI y del PAN.
Y a esto hay que añadir la constante denuncia de corrupción al dejar salir de prisión a delincuentes declarados, así como los actos abiertamente de oposición de la Corte, que declaró inconstitucional una reforma a la industria eléctrica y su presidenta, Norma Piña, se reunió con el dirigente nacional del PRI en diciembre pasado.
Pero los opositores dicen que en vez de aumentar la independencia y transparencia de los jueces, la reforma favorecerá una selección política de los candidatos, dejando de lado las habilidades profesionales y los ascensos por mérito.
Una de las críticas que más se repite es que la nominación de los candidatos favorecerá a quienes tienen una red de contactos, cuentan con financiamiento o son políticamente afines al oficialismo.
También hay temor de que la reforma abra la puerta a que el crimen organizado financie candidaturas o saque ventaja de los jueces con menos experiencia (aunque eso, de muchas maneras, ya ocurre).
En una carta enviada al Congreso, jueces y magistrados advirtieron que la reforma judicial no se apega a las normas del tratado comercial entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC) en aspectos como el compromiso de establecer y mantener “tribunales independientes para la resolución de controversias laborales”.
A la polémica interna se sumó la advertencia de la embajada de Estados Unidos en México, que calificó la propuesta como un “riesgo mayor” para la democracia, agregando que podría amenazar el acuerdo comercial entre los tres países, el cual debe ser revisado en 2026.
Entre otras reacciones adversas, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados pidió que se reconsidere el proyecto para salvaguardar la «independencia judicial».
Los partidarios, en cambio, aseguran que la transformación del Poder Judicial es una manera de garantizar que Sheinbaum gobierne sin los obstáculos jurídicos que enfrentó AMLO para sacar adelante su agenda «humanista».
El mandatario ha insistido en varias ocasiones que los tribunales se transformaron en una trinchera de la oposición al servicio de los más poderosos.
