Mientras México lucha contra armas importadas desde EE.UU., Trump guía su discurso con fanfarronerías, pero en la práctica no es así de fácil
Con la ligereza propagandística que hace todas sus promesas, el presidente estadounidense dijo sentado en su escritorio de la oficina oval: «Esta es una grande. Hace años que la gente lo pide. México probablemente no lo quiera, pero lo tenemos que hacer».
Y por una orden ejecutiva firmada, Donald Trump considera que los narcos mexicanos ya son terroristas, así que sus leyes le permiten utilizar la fuerza armada en cualquier región del mundo.
Pero falta un proceso para ello y que México interpele a un trabajo conjunto, para lo cual ya empezaron conversaciones.
Y es que para cada aseveración de Trump, hay un proceso legal interno de EE.UU. y una contraparte para negociar, porque las armas de los cárteles mexicanos son estadounidenses: el 74% llega desde Arizona, California, Nuevo México y Texas.
Las mismas cifras de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos confirman en un informe las rutas de entrada y el tipo de armamento que fue encontrado en México desde 2017 hasta 2024.
En realidad la decisión de asignar la etiqueta de “narcoterroristas” la tomará el Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio, quien ya expresó que le gustaría coordinarse con México para atacar al narcotráfico.
Y el proceso es el siguiente: primero, se deben consultar a otras agencias del gobierno federal y haber comprobado que la orden es compatible con el marco legal.
Después de las consultas, el Departamento puede llegar y decir que los grupos propuestos no cumplen con los criterios legales.
Es un proceso que puede tomar meses si se hace de forma correcta.
Existe la dificultad añadida de que en la orden ejecutiva de Trump no se especifica qué carteles incluir en la lista, sino que se pide al secretario de Estado que proponga los nombres.
Y se suman otros dos grupos que revisar, el Tren de Aragua y la MS13.
Aun así, Trump le ha dado al Departamento de Estado 14 días para que emita una recomendación respecto a todos ellos.
Pero también falta que Estados Unidos analice la contraparte mexicana, es decir, que México siempre pone los muertos para atacar el narcotráfico y los estadounidenses ponen los muertos por el uso de drogas como el fentanilo, pero ellos también ponen las armas.
Cada arma tiene un registro, pero sus armerías y traficantes estadounidenses nunca son mencionados ni por el gobierno, ni por sus medios de comunicación, ¿también serán llamados terroristas?
En el fondo no se trata de propaganda de Trump, aquí es donde debe venir la coordinación entre México y Estados Unidos: drogas, armas y consumo.
«Las actividades de los cárteles amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de EE.UU. y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental», se lee en la publicación de la web de la Casa Blanca.
Por considerar que «representan una amenaza similar», se solicita la misma denominación para el Tren de Aragua, una banda surgida en una cárcel de Venezuela y con presencia en otros países de América Latina, y para la Mara Salvatrucha o MS-13, la pandilla nacida en las calles de Los Ángeles en la década de los 80`s y que adquirió otra dimensión cuando muchos de sus miembros fueron deportados a El Salvador.
Una ley de 1996 le posibilitó a EE.UU. crear una lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y establecer mecanismos de persecución y sanciones específicas para las entidades incluidas en ella.
La gestiona el Departamento de Estado, y hoy por hoy la integran 75 grupos y personas físicas, que van desde las yihadistas Al Qaeda y Estado Islámico, pasando por la palestina Hamás, hasta las FARC y el ELN en Colombia y Sendero Luminoso en Perú.
Para ser designadas como tales, las entidades deben cumplir tres criterios: ser extranjeras, participar en actos de terrorismo o tener la intención de hacerlo, y ser «una amenaza para la seguridad de los estadounidense o para la defensa, las relaciones exteriores o los intereses económicos de EE.UU.».
La idea de sumar el Tren de Aragua y la MS13 al inventario es más reciente, pero en el caso de los cárteles lleva años sobre la mesa, a pesar de que —a falta de un objetivo político o ideológico y con el lucro como fin último— no encajen en la descripción tradicional de grupos terroristas.
El Congreso lo propuso en 2011, sin éxito, después de la muerte de dos estadounidenses a manos de grupos del narco. E hizo otro intento en 2019, tras el asesinato de nueve miembros de la familia mormona LeBaron, mujeres y niños con doble nacionalidad, en una zona del norte de México fronteriza con EE.UU.
El demócrata Barack Obama lo barajó cuando fue presidente y Trump lo empujó durante su primer mandato.
Y puede ser que por la tenacidad propagandística de Trump, el Departamento de Estado los califique de “narcoterroristas”, pero de una simple etiqueta, a una trabajo con coordinación con México y que incluya dejar de proveer armas a los narcotraficantes, hay una gran distancia.
