En las últimas semanas México fue sacudido por el descubrimiento de un centro de reclutamiento forzado del CJNG y, según algunos medios de comunicación que iniciaron una campaña sin evidencias, un “campo de exterminio” en Teuchitlán, Jalisco.
A partir del 25 de marzo la Fiscalía General de la República (FGR) tomó posesión del rancho Izaguirre y días antes la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció la aprehensión de José Gregorio “N” alias “Comandante Lastra”, que confirmó que esa propiedad era un campo de reclutamiento forzado y que toda la ropa y zapatos que encontraron ahí, era de la gente que fue incorporada a las filas del cártel.
Todo lo demás, incluyendo la necesidad de las madres y padres buscadores por creer que en ese lugar podría estar su hijo, o algún familiar desaparecido, ha sido objeto de manipulación por “opinadores”, columnistas y líneas editoriales sin escrúpulos, que no tienen la mínima empatía con quienes buscan a toda costa a su ser querido.
La declaración del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que evidenció cómo el Gobierno y la Fiscalía de Jalisco no efectuó los peritajes correspondientes en el sitio y que abandonaron el lugar, además de que hallaron pequeños fragmentos de huesos –que todavía no informan si son humanos– disparó la idea del supuesto “campo de exterminio”.
Grave escarnio de las víctimas que buscan a sus seres queridos y que, entre llanto, decían “siento que aquí puede estar mi hijo, Dios padre, que nos dejen buscar”, sin evidencia alguna.
Incluso “influencers” –no periodistas– asistieron al lugar a ponerle el micrófono a madres y padres buscadores y les preguntaban con más saña: “¿Qué le diría a la presidenta Sheinbaum de esto”?
No al ex gobernador de Jalisco de MC, Enrique Alfaro, sino tendiendo a inculpar al gobierno federal y a la presidenta de que Jalisco no hizo su trabajo en el sitio.
Así, montados en el hallazgo que puso de relieve, una vez más, la profunda crisis de desapariciones que azota al país, con más de 124 mil desaparecidos, se convirtió en un fenómeno mediático aprovechado con fines políticos, en lugar de esperar a la investigación de la FGR.
Además, esta manipulación ocasionó que, a pesar de la atrocidad patente, cualquier intento de crítica o cuestionamiento a la eficacia de las medidas tomadas por este y el anterior Gobierno federal en materia de desapariciones, fue rápidamente desestimada por la administración y sus simpatizantes, calificándolos como parte de una campaña orquestada por la oposición.
Este enfoque, ofensivo de parte de la oposición y los medios tradicionales, así como defensivo del Gobierno federal, no solo limitó el debate público necesario en una democracia saludable, sino que también invisibilizó las voces de las familias de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil que buscan respuestas y justicia.
Ahora las mujeres que encabezan esta lucha han sido doblemente castigadas: no solo por la ausencia de sus seres queridos, la impunidad y la revictimización desde los medios de comunicación y las instituciones, sino por la brutalidad con la que son atacadas en redes sociales cuando exigen justicia.
Los insultos, la descalificación y la violencia digital han intentado acallar sus voces, con la virulencia que caracteriza a las cuentas progubernamentales en las redes sociales.
Y por otro lado, los medios de comunicación que sin profesionalismo determinaron anticipadamente y sin evidencias, que ahí era un “campo de exterminio”, utilizan a los padres y madres buscadoras como carne de cañón para su fiesta opositora.
Los medios de comunicación inescrupulosos pretendieron convertir en un talk show las contradicciones y disputas entre colectivos de búsqueda.
Al final, todo abonó a la estigmatización de las víctimas. Así nos mostramos como un país que no les da paz ni justicia a las víctimas, sino que las carga con todas las culpas de su propia situación.
Esta criminalización de las víctimas no es un hecho aislado, sino una estrategia que está vinculada a tendencias autoritarias dentro de cualquier sociedad. Como señaló Theodor Adorno en La personalidad autoritaria, culpar a quienes sufren, minimizar su dolor y convertirlos en enemigos públicos es una táctica que históricamente ha servido para justificar abusos de poder y reforzar regímenes autoritarios, e incluso, fascistas.
Es imperativo que el Gobierno federal, en lugar de descalificar las críticas, las escuche y las tome en cuenta para implementar políticas públicas efectivas que aborden la crisis de desapariciones.
¿Y Alfaro?
El ex gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y su ex Fiscal, Joaquín Méndez Ruiz, que abandonaron el rancho Izaguirre, incluso se robaron tres vehículos de ahí, no han dado la cara sobre este caso.
El ex Gobernador de MC, con toda la superficialidad e irresponsabilidad que le caracterizó durante su sexenio en el tema de seguridad, está en Madrid, España, tomando un curso para ser Director Técnico de futbol.
Y por qué no estudió antes ese curso, porque es hasta ahora, que es ex gobernador cuando tiene los recursos para ello.
