Sin evidencias no hay reportaje, sólo hay especulación, injerencia y teorías conspiratorias
Durante la primera semana de febrero tres medios de comunicación internacional publicaron sobre una investigación relacionada con el Cártel de Sinaloa y la posible financiación hacia la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2006.
La investigación fue impulsada por la DEA entre 2010 y 2011 y fue cerrada por el propio Departamento de Justicia norteamericano debido a que la agencia no logró reunir evidencia contundente sobre el supuesto flujo de recursos ilegales hacia la campaña del Presidente.
Las investigaciones fueron publicadas el mismo día y casi de manera simultánea.
Se trata de los reportajes de Anabel Hernández en Deutsche Welle, el de Tim Golden en ProPublica y el de Steven Dudley en Insight Crime.
Aunque se trata de medios prestigiosos, el tratamiento de la información despertó todo tipo de suspicacias en la opinión pública mexicana, sobre todo por las razones que se encuentran detrás de las intenciones de circular coordinadamente información sobre una pesquisa clausurada que no logró probar lo que pretendía en pleno año electoral, tanto en México como en Estados Unidos.
El reportaje de Anabel Hernández da por sentado que el flujo del recurso ilícito hacia la campaña de AMLO es un hecho consumado, señalando que la DEA “obtuvo pruebas sólidas” de éste.
Para respaldar su información, la periodista señala que habló con “dos testigos directos de los acuerdos del financiamiento y de la entrega efectiva del dinero del cartel de Sinaloa a la campaña […], un miembro del equipo de AMLO y uno del Cartel de Sinaloa”.
Pero estos testigos negaron la teoría de la periodista y de la DEA, y ella misma no mostró ninguna evidencia.
Por otro lado, el de Tim Golden retomó la hipótesis como una pregunta desde el título: “¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente Mexicano López Obrador?”.
Una pregunta como título, que no es fundamento para una afirmación.
El texto de Dudley, por su parte, apunta a la existencia de la investigación, sin concluir que el flujo de dinero haya sido real o probado.
No obstante, Dudley da por sentado que los casos de investigaciones como la referenciada en los artículos “ilustran cómo el crimen organizado busca atrapar entre sus garras a políticos del más alto nivel”.
Es decir, para el autor, las hipótesis de los investigadores de la DEA son un reflejo de la realidad criminal, aunque éstas no sean comprobadas.
Para contrastar su información, Tanto Dudley, como Tim Golden recurren a varios agentes que habrían tenido conocimiento de la investigación, aunque nunca aclaran su papel, por lo que sus artículos estarían completamente basados en las hipótesis e intuiciones de los investigadores anónimos de la DEA.
Ninguno de los tres artículos presenta alguna evidencia de tipo documental y, con excepción de los testigos directamente señalados en la investigación de la DEA, ninguna otra fuente testimonial está identificada.
La ausencia de evidencias se explica porque se trata de una investigación no concluyente y no existen pruebas documentales que puedan apuntar el flujo del recurso ilícito a la campaña del primer mandatario mexicano.
En ese sentido, se trata de información sin validez jurídica, ya que el caso no se judicializó y no se extendieron responsabilidades legales a los involucrados.
Y AMLO LOS TILDA DE ‘MERCENARIOS’
De tal forma que el Presidente López Obrador tuvo en sus conferencias mañaneras toda la argumentación para ridiculizar a los tres medios y periodistas, incluso llamándolos “mercenarios”.
Y es que para los tres medios de comunicación y periodistas, para ninguno, puede pasar por olvido, o por inocencia, que en México hay elecciones y una acusación así, sin evidencias, sólo habla de falta de rigor periodístico.
Además de que significa una injerencia injustificada de la DEA en asuntos político-electorales que sólo son un derecho de los mexicanos.
Pero a todo esto hay que agregar que la agencia antidrogas estadounidense, desde que inició el actual sexenio, ha tenido que cumplir con protocolos y reportes de cuáles son sus actividades en México.
Esto ha molestado en extremo a la DEA, que en sexenios anteriores disponía de tiempo y espacio para hacer lo que quisiera, sin reportar sus actividades al Gobierno de México.
