El nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo deberá esmerarse en la aplicación de la reforma, porque de haber cualquier problema, los opositores estarán encima para difundirlo y descalificar al nuevo régimen.
Lo más polémico y novedoso de la reforma es la elección por voto popular de magistrados y jueces del sistema federal, que son casi 2 mil personas, a partir del próximo año.
La propuesta es que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten listas de candidatos sobre las cuales vote la gente.
El texto plantea que la presidencia de la Suprema Corte se renovará cada dos años de manera rotatoria, en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección.
En el actual sistema, los ministros de la Suprema Corte (como se conoce a los 11 juristas que la integran) son quienes eligen a su presidente. Y a su vez ellos son votados en el Congreso y nominados por el presidente de la República.
El proyecto de ley incluye disminuir los tiempos de mandato de jueces y ministros, además de reducir la cantidad de magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral.
También contempla dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025, y una segunda en 2027.
La eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el Presidente son otras de las medidas que forman parte del proyecto.
Por otro lado, se crea un ente disciplinario y uno administrativo para el Poder Judicial, independiente de la Corte, que estaría a cargo de temas relacionados con la carrera judicial y el control interno, así como de elaborar el presupuesto.
El nuevo Órgano de Administración Judicial estará integrado por cinco personas designadas para un período de seis años. Uno de ellos es nombrado por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado, y los tres restantes, por la Suprema Corte.
Se trata de una reforma al Poder Judicial federal, y no a todo el sistema de justicia, dado que no afecta a los sistemas locales, ni a las fiscalías, que llevan el grueso (80%, según datos oficiales) de los procesos en México.
Por esa razón, analistas argumentan que quedaría pendiente una reforma dirigida a impulsar cambios a nivel local, donde suelen darse la mayoría de los casos de corrupción en la justicia.
