Primero amenazó hasta a la Presidenta; pero el 25 de septiembre le propuso acordar.

 

Las deudas entre México y Estados Unidos de Ricardo Salina Pliego suman cerca de 85 mil millones de pesos, pero al menos ante los mexicanos, esto ya no está en la mesa de negociaciones, tiene que pagar según la propia Constitución.

 

Y es que a la deuda del empresario propietario de Grupo Azteca con el SAT México, de $74 mil millones de pesos, hay que sumar cerca de $560 millones de dólares con un grupo de acreedores de fondos en Estados Unidos, en pesos son cerca de otros 11 mil millones de pesos.

 

Esto, aunado a que hace una semana tuvo que depositar una fianza de 25 millones de dólares –$475 millones de pesos aproximadamente– por orden de una jueza estadounidense bajo la amenaza de prisión, debido a que en 2014 vendió Iusacell a AT&T con una deuda fiscal.

 

Se acerca el momento de pagar para el propietario de Grupo Azteca y aunque éste pidió negociar, ya es demasiado tarde.

 

“Estos son juicios muy antiguos, no son juicios que hayamos puesto en este momento. Son juicios que vienen desde antes del 2018 y que tienen que ver con una mala utilización de la consolidación fiscal y de esquemas para evadir impuestos.

 

“No hay nada de una mesa donde nos sentemos a ver qué te descuento, qué vas a exentar, porque eso en la Constitución está muy claro, se prohíbe. Sentarse en una mesa a negociar los impuestos, pues eso no, eso ya es de otras épocas.

 

“Quiere pagar, adelante, está el SAT para que de acuerdo al Código Fiscal, públicamente y abiertamente, porque nosotros no negociamos esas cosas y menos en lo oscurito, sino de acuerdo al Código Fiscal, que conozca de qué beneficios goza por querer pagar”, expresó la Presidenta, Claudia Sheinbaum, el 26 de septiembre en La Mañanera, en respuesta al comunicado de Salinas Pliego donde decía que se sentaran a negociar.

 

Si Salinas Pliego se hubiera sentado a negociar, como ofreció Andrés Manuel López Obrador en el sexenio anterior, quizás hubiera conseguido una posición más ventajosa y actualmente estuviera en poniéndose en regla, pero el empresario decidió litigar y pelear mediáticamente.

 

Pero además, ni Salinas Pliego o cualquier otro empresario, tiene esas cantidades en una cuenta bancaria para pagar, tendría que deshacerse de activos como Elektra, TvAzteca u otros bienes del grupo empresarial.

 

Seis meses para empezar a pagar

 

Hay un elemento nuevo que es la reforma y el plazo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Este factor crucial añade presión al caso, es una reforma a la Ley del Poder Judicial de la Federación. Nueva legislación que establece que los juicios fiscales deben resolverse en un plazo máximo de seis meses a partir de la primera notificación al tribunal.

 

La reforma busca agilizar procesos judiciales que, como este caso, pueden extenderse por años o incluso décadas, proporcionando certidumbre jurídica a los contribuyentes.

 

Y tiene un mecanismo de cumplimiento, porque si el órgano jurisdiccional (en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nacional – SCJN) no emite una sentencia en ese plazo, está obligado a informar al Tribunal de Disciplina Judicial.

 

Tendría que justificar por escrito las razones de la demora.

 

La ley es aplicable a tribunales administrativos, jueces de distrito, tribunales de circuito y, significativamente, a la propia SCJN.

 

Si bien la ley aplica para todos, se espera que el rigor del plazo de seis meses se enfoque principalmente en casos de menor cuantía. Sin embargo, la enorme cifra del caso Salinas y la atención pública sobre él ponen a prueba la aplicación de esta reforma.

 

La actitud de Salinas Pliego es una de las razones que han provocado que el caso sea tan mediático, que todo el país está esperando que pague.

 

Incluso, el empresario, además de utilizar su medio de comunicación, un bien público y concesionado TvAzteca, para atacar a la Presidenta y al Gobierno Federal, organizó un movimiento denominado MAAC, Movimiento Anticorrupción y Anti-crimen, para acusar al Gobierno Federal de ser omiso en el ataque contra el narcotráfico y la violencia.

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