Con hechos, como amparos a delincuentes del crimen organizado y liberación de cuentas bancarias de personajes encontrados culpables, incluso algunos prófugos, los mismos jueces, magistrados y ministros se encargaron de convencer a la mayoría de los mexicanos de aplicar “El Plan C” para elegir este 1 de junio un nuevo Poder Judicial.
¿Y qué esperaban? Cómo iba a reaccionar un mexicano que fue informado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) protegió a un evasor fiscal como Ricardo Benjamín Salinas Pliego, de Grupo Azteca y Elektra, que adeuda más de 63 mil millones de pesos. Sus propias decisiones los hundieron, solo que antes de 2018 estos hechos no se sabían.
Desde 2022 los comentarios y hechos exhibidos por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron minando cualquier credibilidad hacia el Poder Judicial.
En julio de 2024, el ex presidente López Obrador censuró que en un litigio por adeudos de 33 mil 495 millones de pesos de una empresa de transportación aérea, el juez dilató 195 días la primera audiencia, y por una chatarrera que debía 19 mil 860 millones, el juez se llevó casi dos años para la primera audiencia.
Y ya con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que cuenta con 83% de aceptación en su gobierno, según encuesta de De las Heras Demotecnia levantada este mayo, el respaldo a su gestión va anexado a la renovación del Poder Judicial, así que la sentencia es histórica e irrefutable.
El rostro más visible del Poder Judicial, la presidenta de la SCJN, Norma Piña, convocó al menos a una reunión con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, antes de las elecciones del 2 de junio de 2024. Incluso, hasta marchó en favor de la oposición, en total apoyo al PRIAN.
Caso Salinas Pliego
El ex ministro de la SCJN, Luis María Aguilar, fue exhibido por retener durante nueve meses el expediente de los adeudos fiscales de Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Azteca y Elektra.
Actualmente, el adeudo fiscal de las empresas de Salinas Pliego asciende a más de 63 mil millones de pesos. Este monto incluye tanto adeudos de créditos fiscales emitidos durante la administración actual, como adeudos pendientes de juicios anteriores y en proceso.
El desglose del adeudo es el siguiente: créditos fiscales de la actual administración: 10 mil millones de pesos.
Adeudos de juicios anteriores y en proceso: Más de 53 mil millones de pesos.
En diciembre de 2024, desde la página oficial de la Presidencia de la República se publicó el expediente del empresario Ricardo Salinas Pliego por el adeudo de 63 mil millones de pesos a la hacienda pública, mediante un archivo descargable que contempla 16 anexos referentes a los artículos que implican la investigación.
García Luna y esposa
En febrero de 2023, después de más de tres años de que se ordenara el congelamiento de sus cuentas bancarias, Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, obtuvo un amparo que reviertió dicha medida e instruyó el desbloqueo de sus activos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El fallo fue dado a conocer mediante una tarjeta informativa en los canales oficiales de la UIF, el 21 de febrero, y en él se especificó que el dictamen provino del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México.
El Tribunal que ordenó, de manera unánime, el descongelamiento de las cuentas de Cristina Pereyra está conformado por el presidente Rolando González Licona, el magistrado Eduardo Baltazar Robles y la magistrada Amanda Roberta García González.
Aquí liberan sus cuentas, mientras que hace una semana en Florida, Estados Unidos, la jueza Lisa Walsh condenó a García Luna y a su esposa a pagar más de 2 mil millones de dólares, luego de que no se defendieron de la demanda de la UIF de México.
García Luna está sentenciado a 38 años de prisión en Nueva York por proteger al Cártel de Sinaloa, fue titular de la SSP federal de 2006 a 2012 y, según la demanda, recibió sobornos desde 2006.
Gómez Mont y Álvarez Puga
Un tribunal colegiado descongeló sus cuentas, aunque ambos están prófugos de la justicia.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el 4 de marzo el juzgado décimo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, giró instrucciones para que se reanudaran todos los servicios financieros a Inés Gómez Mont Arena y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.
Por mayoría de dos votos los magistrados Alma Delia Aguilar Chávez y Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, y con voto en contra del entonces magistrado Osmar Armando Cruz Quiroz, todos integrantes del tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, confirmaron una sentencia del 29 de noviembre de 2023.
En esa sentencia, la entonces titular del mencionado juzgado, Dinorah Hernández Jiménez, había otorgado el amparo a la conductora y a su esposo .
A pesar de que la UIF interpuso un recurso de revisión el 12 de diciembre de 2023, los juzgadores decidieron confirmar que se les eliminara de la lista. La unidad destacó que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión contra ambas personas, actualmente en el extranjero.
