Un viejo refrán popular dice: “El miedo no anda en burro”.
Y aunque muchos en esta entidad cantaron victoria por la negociación entre el PRIAN y el gobierno de MC para que, luego de tres años, por fin hubiera presupuesto para el año en curso, lo cierto que es la presión tuvo que venir del nivel federal.
Porque con la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión, la Secretaría de Gobernación advirtió que se arreglaban, o habría disolución de poderes en Nuevo León.
El Estado inició tres años consecutivos sin presupuesto y la Fiscalía General estuvo acéfala por 28 meses por la falta de acuerdos entre la Administración estatal emecista y el Congreso local.
Pero gracias a las presiones de la Secretaría de Gobernación y la Presidenta Claudia Sheinbaum, llegaron a acuerdos el 17 de febrero, dos días antes de que la mandataria federal visitara esta entidad y se cumpliera el plazo para que negociaran.
El Congreso aprobó el Paquete Fiscal 2025, que permite a la Administración estatal de Samuel García contraer deuda hasta por 8 mil millones de pesos.
El monto de los egresos autorizados al Estado es de 156 mil 264 millones de pesos.
También se acordó que el Estado pague los mil 757 millones de pesos pendientes a 28 municipios gobernados por PRI y PAN en 2023.
Y se designó como Fiscal a Javier Flores, ex Procurador y abogado del ex Gobernador priista Rodrigo Medina.
Todo salió por unanimidad en el Legislativo y avanzaron sin contratiempos, tras los arreglos ya pactados.
Los acuerdos comenzaron a fraguarse desde el 27 de enero, día en que el Gobernador Samuel García; el Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y el Subsecretario de Gobernación, César Yáñez, se reunieron en la Colonia Del Valle, en San Pedro, en la casa de Héctor Gutiérrez, delegado de Segob.
Conminados por la autoridad federal, el Gobernador y los legisladores definieron la ruta para destrabar principalmente el Presupuesto 2025 y la elección del nuevo Fiscal General de Justicia.
Los líderes de las fracciones del PAN, Carlos de la Fuente; del PRI, Heriberto Treviño, y del PRD, Perla Villarreal, llegaron al Congreso, y llamaron a sus homólogos de MC, Morena, PT y PVEM a sumarse a un «Acuerdo por Nuevo León».
Las piezas comenzaron a moverse: se definió el camino jurídico para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General, que estaba con un encargado desde el 5 de octubre del 2022, cuando renunció Gustavo Adolfo Guerrero.
Mientras tanto, el Ejecutivo publicaba los acuerdos del Congreso, que mantuvo congelados por meses, con la designación de los Fiscales Anticorrupción, Javier Garza y Garza, y de Delitos Electorales, Gustavo Javier Solís; del Auditor Superior del Estado, Alejandro Reynoso, y de la titular de la CEDH, Olga Susana Méndez.
También fue publicada la actualización de los valores catastrales del Municipio de Monterrey, que el Gobernador había frenado.
Los 42 legisladores, por primera vez en meses, estuvieron todos presentes en la maratónica actividad legislativa del 17 de febrero.
La priista Ivonne Álvarez, presidenta de la Comisión de Presupuesto, convocó a sesionar para volver a resolver las leyes de Ingresos y de Egresos del Estado, todo fluyó sin debates, con acuerdos unánimes.
Incluso, en plena lectura de los dictámenes, el panista José Luis Santos aprovechó para tomarse una selfie con los sonrientes líderes del PAN y del PRI; el de MC, Miguel Flores, y la coordinadora del PT, María Guadalupe Rodríguez.
Flores, quien no se hablaba con De la Fuente al inicio de la Legislatura, ayer hasta elogió su «madurez política».
En la Comisión se aprobó la Ley de Ingresos, con deuda de 8 mil millones de pesos para el Gobierno central, y de 2 mil 184 millones para Agua y Drenaje; y Ley de Egresos por 156 mil 264 millones, que incluye más recursos para Poderes y órganos autónomos.
A la par durante la jornada, en la Comisión Anticorrupción se resolvió el tema del Fiscal con una velocidad inusitada: se envió un escrito al Gobernador para que avalara considerar a los 63 aspirantes inscritos en la convocatoria del 12 de octubre del 2022, y expedirles a todos las cartas de no antecedentes penales actualizadas.
El Mandatario cumplió de inmediato y entonces el Congreso eligió a cuatro aspirantes: Javier Flores, Griselda Núñez, Alberto Palomino y Pedro Arce, quien era encargado de la Fiscalía, cuyos nombres fueron enviados al Gobernador para que vetara a uno.
En respuesta, el Mandatario vetó a Arce y remitió la terna al Congreso. De hecho, para cuando se tuvo conocimiento del veto, ya estaban llegando los tres finalistas, quienes comparecieron ante los legisladores en un lapso de una hora y 15 minutos.
«Todo lo que no se pudo acordar en meses, lo lograron hoy y por unanimidad», dijo un asesor de los Diputados.
¿Y los juicios políticos contra el Gobernador?
Tras destrabarse y aprobarse el Presupuesto estatal 2025 y el proceso para definir al nuevo Fiscal General de Justicia, los juicios políticos contra el Gobernador Samuel García se mantienen vigentes en el Congreso local, pero fuentes legislativas señalaron que irían quedando sin efecto.
Aunque los coordinadores de las fracciones del PAN, PRI y Morena, así como la presidenta de la Comisión Anticorrupción, Lorena de la Garza, descartaron que los juicios se hayan incluido en la negociación para aprobar el Presupuesto y la definición del Fiscal, la realidad es que probablemente no avanzarán tras los acuerdos obtenidos.
Además, PRI y PAN no cuentan con los votos necesarios para proceder contra el Mandatario emecista.
