En mayo de 2024, la anterior legislatura con mayoría del PRIAN dejó un rezago récord de mil 778 asuntos pendientes sin dictaminar; la actual legislatura dejó sin presupuesto 2025 a Nuevo León y el último fin de semana de enero se despacharon un asueto violando la ley.
Esos son los diputados y diputadas que tienen los neoloneses.
Muy buenos para hacerse las víctimas, tomarse fotografías con peticiones de juicio político a sus adversarios y pedir más dinero, fundamentalmente los del PRIAN, porque piden recursos solo para los municipios gobernados por sus partidos.
Una verdadera vergüenza que además exhibe su ignorancia sobre las leyes locales, incluyendo el desconocimiento de la propia Constitución que ellos mismos avalaron en 2023.
Aprobaron la nueva Constitución ese año, pero se exhibieron como levanta-manos, porque luego de ello a ninguno de los diputados se le ocurrió que caería una ilegalidad constitucional, al nombrar al presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Arturo Garza Salinas, como Gobernador interino. Hasta cualquier estudiante de Derecho lo sabe.
Pero ellos no, y esa ignorancia continúa hoy presente en esta LXXVII Legislatura, porque los coordinadores de ese ridículo legislativo son fundamentalmente los mismos: Carlos de la Fuente por el PAN y Heriberto Treviño del PRI. Una vergüenza.
Durante los últimos días de enero, y aunque la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Legislativo establecen que el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso debió ser el 1 de febrero, por un acuerdo impulsado por esos dos coordinadores, éste inicia hasta el martes 4 de febrero.
El 14 de marzo de 2023 los legisladores, con mayoría del PRIAN, y como coordinadores los mismos de esta nueva legislatura que entró en septiembre de 2024, fueron capaces de exhibirse y realizaron un paro de labores. Una vergüenza.
Cerraron la sesión y dijeron que estaban en paro por protesta porque un juez, justificada o injustificadamente, amparó al gobernador Samuel García para que pudiera vetar más de 25 enmiendas que los diputados hicieron a la Constitución para quitarle atribuciones al ejecutivo.
Es decir, los diputados del PRIAN, dirigidos por Carlos de la Fuente, del PAN, y Heriberto Treviño, del PRI, querían quitarle al gobernador la atribución constitucional de poder aplicar el veto a enmiendas efectuadas por ellos. También, quitarle la designación de su secretario de Gobierno y otras exageraciones como éstas.
En abril del año pasado, la LXXI legislatura dejó de sesionar durante cerca de 50 días, con el 80 por ciento de los legisladores en campaña electoral e inmersos en pugnas por el control de su administración interna.
Dejaron un rezago histórico de mil 778 asuntos pendientes de dictaminar, el más alto en al menos las últimas cinco legislaturas.
El coordinador panista, Carlos de la Fuente, advirtió en aquella fecha que “todo pintaba” para no extender el periodo ordinario pese al déficit.
Y así las actividades concluyeron el 30 de abril, y no el 30 de mayo, como habían acordado el 19 de marzo de 2024.
Los diputados cerraron así con 190 por ciento más, casi el triple, de expedientes pendientes, de los 613 que recibieron de la anterior legislatura en septiembre del 2021.
Los diputados emecistas no asistieron al pleno, porque el PRIAN no tomó, como lo ordenó el Tribunal Estatal Electoral, protesta a Rosaura Guerra, suplente de la priista Alhinna Vargas, ex comentarista del clima en una televisora local, que simplemente dejó de acudir al Congreso.
Los Diputados actuales también han sido poco productivos para iniciativas de reforma a leyes vigentes, o nuevas leyes, pues de más 2 mil presentadas por ellos y algunas por ciudadanos hasta el 18 de abril, solo dictaminaron un 25 por ciento.
Incluso, más de 700 se han dado de baja conforme al Artículo 46 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, que establece esto para los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones.
Luego, el 27 de agosto del 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que había actuado en favor del PRIAN en todo el país, tumbó la tercer designación de fiscal general de Nuevo León.
Y es que los diputados, nuevamente del PRIAN, quisieron nombrar por tercera ocasión un nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, pero incurrieron en irregularidades porque la Comisión Anticorrupción del Congreso ordenó desestimar el requisito de carta de no antecedentes penales para los aspirantes a fiscal.
«A fin de respetar los términos establecidos en la controversia constitucional 238/2022, se estima necesario ordenar al Poder Legislativo de Nuevo León que deje insubsistente la medida contenida en el acuerdo de 7 de agosto de 2024, emitido por la Comisión Anticorrupción (consistente en establecer al grupo de 42 aspirantes respecto de los cuales no obra en su expediente la carta de no antecedentes penales, un plazo para que subsanen esa omisión).
“Así como las subsecuentes actuaciones respecto del procedimiento de designación de Fiscal General de Nuevo León, incluyendo dejar sin efecto cualquier votación, designación o toma de protesta a persona alguna, que tenga como finalidad la designación del fiscal», decía la sentencia.
Y como estos errores e intenciones partidistas, que no son para mejorar la situación de los neoloneses, sino caprichos de partidos políticos, hay muchas más de estos diputados.
