Salen a la luz más declaraciones oficiales contra el ex Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, pero ¿y los militares?
Continúa la misma ansiedad e inquietud respecto al caso Ayotzinapa, fundamentalmente porque la Fiscalía General de la República desechó órdenes de aprehensión contra militares, a la vez que Murillo Karam enfrenta más declaraciones en su contra.
Y es que una declaración oficial ante la Fiscalía General de la República de una integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que inició las labores de búsqueda de los restos de los 43 normalistas en el basurero de Cocula, indica que Murillo Karam mencionó ese lugar cuando todavía no habían detenido a integrantes del Grupo Guerreros Unidos.
La antropóloga Mercedes Doretti, declaró ante la FGR que el 27 de octubre de 2014, el entonces Procurador General de la República (PGR) le mencionó el lugar en que empezarían a hacer los trabajos forenses.
«Gente detenida nos ha señalado este lugar como un punto donde pueden estar los restos de todos los estudiantes. Esto es un basurero y hay restos humanos, esto es un lugar más que tenemos que inspeccionar», le expresó Murillo Karam a Doretti, según declaró la antropóloga el 3 de diciembre de 2021.
Su testimonio aparece en la orden de aprehensión girada contra Murillo Karam.
En esa fecha, oficialmente no habían sido detenidos cuatro presuntos miembros de Guerreros Unidos, que fueron los primeros en señalar que los normalistas fueron calcinados en el basurero de Cocula y sus restos fueron arrojados al río San Juan.
Los detenidos fueron Patricio Reyes, «El Pato»; Darío Morales, «El Comisario»; Jonathan Osorio, «El Jona», y Agustín García Reyes, «El Chereje», presentados ante el Ministerio Público el 28 de octubre de ese año.
Doretti relata que Murillo le dijo esas palabras la mañana del 27 de octubre, en un paraje cercano al lugar de los hechos.
La antropóloga declaró que también estaba Tomas Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, actualmente prófugo en Israel, que no tiene convenio de extradición con México.
Además, Doretti declaró que buscaron enlazar los hechos, en una rueda de prensa sobre el caso, entre el basurero de Cocula y el Río San Juan, incluso que ella participara con datos, pero se rehusó porque no había evidencia suficiente que uniera los dos sitios.
«Eliana García, encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, que yo le ayudara a redactar algunos de los procedimientos y observaciones iniciales que se habían realizado entre el río San Juan y el basurero de Cocula, con la finalidad de apoyar o presentarlos en la conferencia de prensa.
«Me manifestó que el Procurador, en la conferencia de prensa, iba a unir un lugar con el otro, es decir el basurero de Cocula con el río San Juan, le reiteré que no había evidencia física que refiriera asociar un lugar con el otro, sólo evidencia testimonial de gente detenida que se autoincriminaba, indicándome que acompañara al Procurador para realizar la conferencia de prensa, a lo que me opuse», declaró Doretti.
Las mismas consignas
El pasado 26 de septiembre, familiares, compañeros, miembros de colectivos y hasta un grupo de vándalos encapuchados marcharon en la Ciudad de México con las mismas consignas de hace 8 años, cuando 43 nosmalistas desparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septie3mbre de 2014.
Iniciaron en el Ángel de la Independencia y culminaron su marcha en el Zócalo. Cargaron con los retratos de los normalistas, ramos de flores y se unieron a la marcha contingentes que portaron fotografías de otros desaparecidos en en diversas entidades del país».
El abogado de los familiares de los 43 normalistas, Vidulfo Rosales, dijo que el principal reclamo contra el actual Gobierno, que lidera el Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue detener las órdenes de aprehensión contra 16 militares.
«Estamos hablando de que había 83 órdenes de aprehensión, estamos hablando de que militares iban a ser enjuiciados y luego de lo cual ya no hubo nada y lo que tenemos son desestimientos de órdenes de aprehensión, ¿A qué obedece, qué compromisos hicieron, que pactos realizaron con los militares «, expresó Rosales.
«Lo que queremos es que haya compromiso, que haya un avance claro, que se tenga que enjuiciar y procesar a quien se tenga que enjuiciar y procesar».
Entre la manifestación, un grupo de jóvenes vestidos de negro, efectuaron pintas y pegaron calcomanías sobre la Avenida Paseo Reforma.
Ante ello, hubo negocios que protegieron sus cristales y puertas con vallas.
En Palacio Nacional un grupo de policías esperó al contingente con las instalaciones resguardadas con cercos metálicos.
Los familiares exigieron que el Ejército abra todos los archivos de aquella noche, que aclare su participación porque aseguran que había infiltrados en la Normal y que le quite el fuero militar a los implicados en el caso.
Según las conclusiones actualizadas del caso, el grupo criminal de Guerreros Unidos, relacionado con el ex Alcalde de Iguala detenido, José Luis Abarca, policías e incluso el 27 Batallón del Ejército con sede en Iguala, acordaron la desaparición.
El comandante del 27 Batallón con sede en Iguala es José Rodríguez Pérez, que habría dado la orden de asesinar a por lo menos seis estudiantes.
Rodríguez Pérez está detenido, pero por vínculos con el crimen organizado.
