A la vez que las distintas fuerzas políticas discuten y revisan la propuesta de reforma del grupo legislativo del PRI para ampliar las labores de militares en las calles hasta 2028, la necesidad de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México en los estados es obvia y ya histórica.
En el norte del país, así como en el bajío y el sureste, militares y marinos son los que han atestado los mayores golpes contra el narcotráfico y desde 2006, cuando el entonces Presidente Felipe Calderón los sacó a las calles, los gobernadores han tenido hasta que proporcionarles cuarteles temporales y coordinarse con ellos en tareas de seguridad.
El mismo Rubén Moreira, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, dijo que cuando fue Gobernador de Coahuila, de 2011 hasta 2017, cuando Los Zetas se establecieron en una parte de esa entidad, tuvo que trabajar coordinadamente con Sedena para labores de seguridad.
La propuesta que la bancada del PRI en el Senado en relación a la participación del Ejército en tareas de seguridad pública contiene, hasta el momento, cuatro puntos que buscan fortalecer los mecanismos de los cuerpos de seguridad civiles.
La propuesta del tricolor plantea mantener la Comisión Bicameral que la Cámara de Diputados aprobó el 14 de septiembre, como parte de la reforma que extiende a 2028 la permanencia del Ejército en las calles.
Además, dar la facultad para crear un grupo de alto nivel conformado por especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, quienes serían los responsables de decir qué y cómo se evalúa el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad estatales y municipales.
Otro punto en la propuesta es establecer la obligación de los titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de la Marina, de comparecer ante el Congreso para informar sobre los avances en materia de seguridad pública.
Dichas comparecencias deberán ser semestrales, presenciales y tendrían como insumo fundamental la evaluación realizada por el grupo de alto nivel.
Como tercer punto, el PRI plantea que, a través de la Comisión Bicameral, el Congreso pueda llamar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que coadyuve en la verificación del trabajo que el País está haciendo en materia de cuerpos de seguridad civiles, así como para desahogar asuntos específicos.
Lo anterior, explicaron, implica que la petición para que la CIDH colabore en este tema no dependerá sólo del Ejecutivo federal.
El PRI también plantea la necesidad de que se incremente el presupuesto para los estados en materia de seguridad, a fin de acompañar el crecimiento de las policías locales.
Aunado a ello, proponen que se establezca la obligación de los Gobernadores de informar a la Comisión Bicameral y que los recursos dependan de los avances que muestren.
El documento ya se puso sobre la mesa durante la reunión previa de la bancada priista, pero justo cuando iban a comenzar su discusión, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anunció en el pleno su intención de regresar la minuta a comisiones.
Senadores del PAN, partido que se oponen a la reforma y que incluso por ello se separó del PRI en la Alianza Va por México, indicaron que la revisión de todos los puntos continuará para llegar a un consenso de todas las fuerzas políticas.
“Estamos dándole más soporte jurídico, más fundamento constitucional, revisando que no choquen con otros ordenamientos», explicaron los senadores panistas.
Y rechazaron que Morena ya tenga un acuerdo con el PRI, como afirmó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez.
De hecho, pusieron sobre la mesa la posibilidad de un encuentro con todas las fuerzas políticas para llegar a una propuesta en la que coincidan todos en la reforma.
El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, señaló que si va a revisar el dictamen y que haya un diálogo productivo con la Oposición y se tomen en cuenta sus propuestas.
Consideró que el hecho de que se haya detenido la votación del dictamen que plantea alargar al 2028 la labor de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, no es un triunfo pírrico o una derrota, sino la oportunidad para dialogar.
«No es una cuestión de triunfos o derrotas, verlo así es una visión impropia. Que se abra un espacio de diálogo ,esperaría que ese diálogo fuera productivo, que se escuchara a la Oposición, pero no solamente de escuchar en una conversación, que se tomaran las propuestas de la Oposición, porque lo que no es correcto es dejar de un lado toda la Policía Civil, que debe estar al resguardo de la seguridad pública», expresó Creel Miranda.
Insistió que no se debe dejar de lado que las Fuerzas Armadas, particularmente la Fuerza Armada Permanente, su función es salvaguardar la seguridad nacional y la seguridad interior, y de la Policía es salvaguardar la seguridad pública.
Indicó que si se retiró en el Senado el dictamen y se regresó a comisiones, fue por algo, porque se dijo que se buscaría negociar una nueva redacción para lograr un consenso.
«El punto fue que esa iniciativa se retiró y, si se retiró, fue por algo, ahí lo expresaron para darse más tiempo y para dialogar; yo tomo por bueno lo que dijeron en tribuna.
“Si hay algo que no dijeron en tribuna y ya es materia de especulación, no quiero, entrar, no estoy para especular”, añadió.
