Con 29 votos a favor, el Congreso local aprobó hoy reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia con las que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) se le quita al Gobernador Samuel García.
La reforma implica el que la UIFE se convierta en una Fiscalía Especializada dependiente de la Fiscalía General y cuyo titular será designado por el Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero.
De esta forma, el Ejecutivo estatal pierde el control de la UIFE como una unidad dependiente de la Tesorería estatal y se queda sin un órgano que ha realizado investigaciones que llevaron a denunciar a ex Alcaldes panistas de San Nicolás.
En contra de la reforma, que se deriva de una iniciativa de Carlos de la Fuente, líder de la fracción del PAN, votaron los 11 legisladores de Movimiento Ciudadano, mientras que en abstención lo hicieron Waldo Fernández, de Morena, y Raúl Lozano, del PVEM.
Para que la reforma se concrete, el decreto correspondiente debe ser publicado por el Gobernador Samuel García, quien puede vetarlo.
Sin embargo, en caso de vetarlo, De la Fuente advirtió que volverán a dictaminarlo en el mismo sentido, porque no se puede permitir un uso político de esos órganos y porque así se los pidieron empresarios que han sido perseguidos por la UIFE.
Durante el debate del dictamen presentado al Pleno por la Comisión de Justicia, la emecista, Iraís Reyes, dijo que convertir a la UIFE en una Fiscalía Especializada era un «revoltijo» porque no se le daban facultades para sancionar, sólo de tipo de administrativas, pues sólo habían copiado las atribuciones que actualmente tiene esa Unidad como parte de la Secretaría de Finanzas.
También en contra se manifestó Eduardo Gaona, de Movimiento Ciudadano.
A favor de la reforma intervinieron De la Fuente y Lorena de la Garza, del PRI, quien dijo que, en la forma en que estaba constituida actualmente la UIFE, había una invasión de atribuciones.
«La Fiscalía Especialidad en Inteligencia Financiera será la única autoridad competente del Estado para generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial de las personas físicas y morales, que conlleve a la investigación de hechos presumiblemente ilícitos que produzcan los efectos señalados», se establece en el dictamen.
La reforma tuvo modificaciones propuestas por Jessica Martínez, de Morena, que se avalaron por mayoría.
